El Estado protege al niño, niña y adolescente
y sanciona penalmente el acceso sexual por parte de terceros hacia él o la
menor, aun cuando exista un “consentimiento.
La Constitución Peruana de 1993 establece en
su Artículo 4° que es deber de la comunidad y el Estado proteger especialmente
al niño, niña y adolescente. Asimismo el Plan Nacional de Acción por la
Infancia y la Adolescencia 2012-2021 establece entre sus objetivos
estratégicos, la lucha contra toda forma de maltrato y abuso sexual.
Sin embargo, el abuso sexual infantil en
nuestro país es una grave problemática. En el año 2011 los CENTROS EMERGENCIA
MUJER (CEM) reportaron 3,645 casos de niños, niñas y adolescentes atendidos por
alguna forma de abuso sexual.
Esta problemática constituye por tanto un tema
de interés público que compromete a las diferentes instituciones del Estado a
diseñar e implementar mecanismos eficaces para garantizar a la niñez y la adolescencia
de nuestro país una vida libre de violencia.
En este marco, el Programa Nacional contra la
Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) desarrolla un conjunto de acciones de
prevención, atención y generación de información para la toma de decisiones,
con la finalidad de reducir la incidencia de la violencia familiar y sexual.
Para ello cuenta con diversos servicios de apoyo a nivel nacional como los
Centros Emergencia Mujer, la Línea de Orientación Telefónica Línea 100 y el servicio
de atención de urgencia Línea 100 en Acción.
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